21 Oct José Miguel Insulza cuestiona discriminación laboral por edad: “Tenemos una ley que dice que no se puede discriminar, y la verdad es que sí discriminamos”
En el primer panel del Foro Tálanton 2026, el exsecretario general de la OEA advirtió sobre la distancia entre los derechos reconocidos por Chile y su cumplimiento efectivo. Rosita Kornfeld-Matte, Ernesto Silva y Renzo Corona coincidieron en la necesidad de transformar las políticas públicas y la cultura empresarial para aprovechar el talento de las personas mayores. Desde ICARE, Corona planteó que excluir trabajadores por edad no es solamente un problema de inclusión: también es una mala decisión de negocio.
¿Cómo puede un país reconocer legalmente el derecho a no ser discriminado por edad y, al mismo tiempo, mantener prácticas que excluyen a trabajadores experimentados del mercado laboral?
Esa fue una de las principales interrogantes que atravesaron el panel Una agenda país para la nueva longevidad, realizado en el marco del primer Foro Tálanton, El fin de las generaciones aisladas, en SOFOFA.
La conversación reunió a José Miguel Insulza, exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Rosita Kornfeld-Matte, exdirectora del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA); Ernesto Silva, prorrector de la Universidad del Desarrollo; y Renzo Corona, presidente de ICARE.
Moderado por Carolina Jiménez, el encuentro abordó los desafíos de una sociedad que vive más años, pero cuyas instituciones, empresas y políticas públicas todavía deben adaptarse a esta nueva realidad.
Insulza: reconocer derechos no significa que se estén cumpliendo
Una de las intervenciones que generó mayor reacción del público fue la de José Miguel Insulza, quien cuestionó el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas mayores.
El exministro recordó su participación en la promoción de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada en el marco de la OEA y ratificada por Chile.
“Nosotros tenemos, repito, una convención aprobada en el Congreso Nacional y por lo tanto ley de la República que dice que no se puede discriminar por edad. Y la verdad es que sí discriminamos, pero esa es la realidad”, afirmó.
Insulza planteó que, pese a los avances institucionales, todavía persisten barreras que dificultan el ejercicio de derechos, desde el acceso a servicios financieros hasta las posibilidades de continuar trabajando después de determinada edad.
En particular, cuestionó las disposiciones legales que establecen límites etarios para la continuidad laboral en determinados ámbitos del sector público.
Para ilustrar su crítica, relató el caso de un antiguo funcionario del Ministerio del Interior, a quien identificó como “Luchito”, que debió retirarse después de una larga trayectoria en la institución.
“Pero la vida que tenía era el Ministerio del Interior, ahí había trabajado toda su vida y lo obligaron a irse. Lo obligaron a irse. Y la verdad es que a mí me parece profundamente injusto esto”, señaló.
También mencionó situaciones de académicos que, según relató, han debido abandonar universidades estatales y continuar desarrollando su labor en instituciones privadas.
Sus cuestionamientos se producen mientras Chile avanza en la implementación de la Ley N.º 21.822, Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, publicada el 1 de junio de 2026 y cuya entrada en vigor general está prevista para junio de 2027.
La normativa establece un marco para promover los derechos, la autonomía y la participación de las personas mayores.
Para Insulza, sin embargo, el reconocimiento legal debe acompañarse de recursos y mecanismos capaces de garantizar su cumplimiento.
“La verdad es que creo que ese es en realidad nuestro principal problema. No es un problema de leyes”, sostuvo.
En su intervención, el exsecretario general de la OEA también recordó experiencias de organizaciones dedicadas al cuidado de personas mayores que enfrentaron dificultades para sostener sus servicios debido a la falta de financiamiento.
Su planteamiento abrió una discusión sobre la necesidad de distinguir entre las personas que requieren cuidados y aquellas que buscan continuar ejerciendo plenamente su autonomía.
Rosita Kornfeld-Matte: “No somos una carga. Ahí tenemos un capital que aportar”
Desde una perspectiva de derechos, Rosita Kornfeld-Matte sostuvo que la transformación debe superar el enfoque asistencialista que históricamente ha condicionado la manera de comprender el envejecimiento.
“Una cosa es el papel y otra cosa es la realidad”, afirmó al referirse a la distancia entre reconocer derechos y garantizar que puedan ejercerse.
La exdirectora del SENAMA explicó que el cambio requiere acciones coordinadas entre el Estado, las empresas y la sociedad, incorporando el envejecimiento de manera transversal en áreas como salud, educación, vivienda, trabajo y transporte.
También advirtió que el edadismo puede manifestarse en situaciones cotidianas aparentemente menores.
Como ejemplo, mencionó las consultas médicas en que los profesionales se dirigen a los hijos o acompañantes de una persona mayor en lugar de conversar directamente con el paciente.
Para Kornfeld-Matte, esas conductas expresan prejuicios sobre las capacidades de las personas mayores y afectan su autonomía.
La especialista identificó tres garantías fundamentales para avanzar hacia una sociedad sin discriminación por edad: igualdad de oportunidades, posibilidades de continuar trabajando y aprendiendo durante toda la vida, y reconocimiento de la experiencia y trayectoria laboral.
“La edad no determina la capacidad para trabajar. Las personas mayores tienen competencias, pueden ser activas y pueden participar de la misma forma que otras personas”, sostuvo.
También llamó la atención sobre los prejuicios que las propias personas mayores pueden terminar incorporando acerca de sus capacidades.
“Es tan fuerte el edadismo que existe que nosotros empezamos a creer ciertas cosas sobre nosotros mismos”, afirmó.
En materia laboral, cuestionó que una persona pueda ser considerada competente hasta determinada edad y pierda automáticamente esa valoración al cumplir un año más.
Kornfeld-Matte destacó además el aporte de las personas mayores a las tareas de cuidados, al funcionamiento de las familias y a la transmisión de conocimientos entre generaciones.
“Eso tenemos que tenerlo súper claro: no somos una carga. Ahí tenemos un capital que aportar”, enfatizó.
La especialista también destacó el trabajo de la Corporación Tálanton en la promoción de la empleabilidad de personas mayores de 50 años, el impulso de buenas prácticas empresariales y la transformación de la mirada sobre el talento senior.
Renzo Corona: “Esto hay que mirarlo desde el punto de vista del negocio y no del buenismo”
Uno de los planteamientos más directos hacia el mundo empresarial provino de Renzo Corona, presidente de ICARE, quien cuestionó las políticas de retiro asociadas exclusivamente a la edad.
“Yo creo que esto hay que mirarlo desde el punto de vista del negocio y no del buenismo. Yo estoy convencido que es un mal negocio, es perder talento, privarse de las personas por un concepto de la edad que tienen”, sostuvo.
Corona compartió su propia experiencia tras haber trabajado durante 40 años en una compañía multinacional, de la que debió retirarse al cumplir 62 años.
Aunque aseguró que personalmente enfrentó ese cambio de manera positiva, consideró cuestionable que organizaciones pierdan experiencia y conocimientos por aplicar criterios etarios generales.
“Yo de verdad me fui feliz, sentí que mi ciclo estaba cumplido, pero creo que hay una pérdida de talento importante”, señaló.
El presidente de ICARE también llamó a revisar los modelos tradicionales de empleo, particularmente la idea de que todas las personas deben mantener una jornada completa y las mismas responsabilidades durante toda su trayectoria.
Propuso considerar alternativas laborales más flexibles, incluyendo jornadas parciales y funciones que permitan continuar transmitiendo conocimientos.
Como ejemplos, mencionó la posibilidad de que profesionales de distintas disciplinas sigan aportando desde roles diferentes a los que desempeñaron durante sus carreras.
“La empresa tiene que ser un espejo de la demografía de la sociedad”, afirmó.
Corona sostuvo además que la prolongación de la vida plantea desafíos económicos para los sistemas de jubilación y que permitir la continuidad laboral puede contribuir a mejorar los ingresos de las personas mayores.
“Pueden estar pensionados, tener una pensión y complementar esa pensión con un trabajo. Van a tener más recursos para seguir consumiendo”, explicó.
Su planteamiento fue que la contratación y el desarrollo del talento senior deben incorporarse a las estrategias empresariales no únicamente por consideraciones sociales, sino también por su contribución al desempeño organizacional.
Ernesto Silva: la longevidad exige transformar la educación y las políticas públicas
Desde la academia, Ernesto Silva, prorrector de la Universidad del Desarrollo, planteó que la longevidad debe abordarse como una transformación estructural, con oportunidades que superan ampliamente el ámbito sanitario.
“Esta ley es una cancha y en esa cancha entra a correr las instituciones del Estado, las universidades y también la sociedad civil”, sostuvo.
Silva destacó la iniciativa Nueva Longevidad de la UDD, que aborda los desafíos del envejecimiento desde disciplinas como economía, comunicaciones, psicología, arquitectura, diseño y gobierno.
A su juicio, la respuesta institucional no debería limitarse a crear nuevas regulaciones u organismos, sino a articular capacidades existentes en torno a problemas compartidos.
Esto incluye desde el diseño de ciudades y viviendas hasta la transformación de los sistemas educativos y las oportunidades de desarrollo profesional.
También advirtió que el envejecimiento de la población ocurre simultáneamente con cambios acelerados en el mercado laboral, impulsados por la inteligencia artificial y la automatización.
“El trabajo va a ser distinto. Las trayectorias vitales van a ser diferentes”, afirmó.
En ese contexto, sostuvo que las universidades deben facilitar oportunidades de actualización y aprendizaje permanente para personas de todas las edades.
Entre las experiencias de la UDD, mencionó la Semana i, que reúne a estudiantes de distintas carreras en desafíos interdisciplinarios, junto con iniciativas de vinculación con el medio e investigación.
También destacó la creciente importancia del lifelong learning, o aprendizaje a lo largo de la vida, considerando que las oportunidades laborales a los 60 años están relacionadas con las posibilidades educativas construidas mucho antes.
“No esperemos que lo haga todo el Estado. Demos rienda suelta a la sociedad civil para que colabore y participe de eso”, afirmó.
Un desafío que va más allá de las leyes
Aunque los cuatro panelistas abordaron la longevidad desde perspectivas diferentes, sus intervenciones coincidieron en un punto central: el envejecimiento de la población exige transformar la forma en que Chile organiza el empleo, la educación, los cuidados y la participación social.
Para Insulza, el desafío prioritario es que los derechos reconocidos se respeten y cuenten con financiamiento suficiente.
Para Kornfeld-Matte, se requiere superar los prejuicios culturales que asocian edad con incapacidad y reconocer la autonomía y experiencia de las personas mayores.
Silva planteó la necesidad de articular instituciones y ofrecer oportunidades de formación durante toda la vida, mientras Corona enfatizó que aprovechar el talento senior también responde a criterios de productividad y eficiencia empresarial.
El intercambio permitió visibilizar una tensión que será cada vez más relevante para las políticas públicas y las organizaciones: Chile necesita proteger a quienes requieren asistencia, sin convertir la edad en una barrera para quienes desean continuar trabajando, aprendiendo y participando.
En palabras de Kornfeld-Matte: “El verdadero cambio de paradigma se producirá cuando envejecer no signifique perder oportunidades, autonomía ni reconocimiento social, sino continuar ejerciendo plenamente la ciudadanía”.
Una reflexión que sintetiza el desafío planteado por el primer panel del Foro Tálanton: avanzar desde el reconocimiento de derechos hacia una sociedad capaz de aprovechar las oportunidades de vivir más años.