22 Abr Ley de Personas Mayores: el desafío ahora es pasar del papel a la implementación
Tras el retiro del veto, la nueva normativa marca un cambio de paradigma en torno al envejecimiento. Para Rosita Kornfeld Matte, experta en la materia, el foco ahora estará en cómo hacer operativos los derechos y asegurar su impacto real.
El retiro del veto sustitutivo al proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable destrabó un proceso largamente esperado. La iniciativa, que ya había sido aprobada por unanimidad en el Congreso, deberá ser revisada por el Tribunal Constitucional para su posterior promulgación y publicación en el Diario Oficial para entrar en vigencia.
Para Rosa Kornfeld Matte, experta en envejecimiento, magister en Gerontología Social de la Universidad Autónoma de Madrid, fundadora y directora del Programa Adulto Mayor en la Universidad Católica y exdirectora del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), se trata de un avance significativo, aunque no exento de desafíos. “Lo valoro tremendamente positivo, por eso estoy muy agradecida de que se haya levantado el veto”, afirma.
Una Ley que retoma su curso
El origen del veto estuvo en diferencias respecto a uno de los aspectos de la Ley: el trabajo. “Se vetó porque había un problema con el asunto laboral. El gobierno anterior no estaba de acuerdo con una de las propuestas en esa materia”, explica la gerontóloga, nombrada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas como la primera Experta Independiente sobre los derechos humanos por las personas de edad.
Pese a haber sido aprobada por unanimidad, la iniciativa fue frenada hasta que el nuevo gobierno decidió retirar el veto. “Ahora está en el Tribunal Constitucional. Si no tiene indicaciones, el presidente la puede promulgar para luego ser informada en el Diario Oficial y así iniciar su vigencia”, detalla.
La historia de esta Ley, agrega, es de largo aliento. “Se inició con una primera propuesta que no alcanzó a ser ingresada al Congreso en 2014 durante mi periodo en SENAMA. Luego fue reformulada y actualizada como Ley Integral de Personas Mayores por Octavio Vergara (director del SENAMA), y fue ingresada en 2020. Finalmente, con algunas modificaciones, se aprobó el 2026 en su versión actual”.
Un cambio de enfoque: de la asistencialidad a los derechos
Uno de los elementos centrales de la normativa es el cambio de mirada sobre la vejez. “Pasa de una lógica asociada casi exclusivamente a la asistencialidad a un enfoque de derechos, donde las personas mayores son reconocidas como sujetos activos y con plena capacidad de decisión”, señala.
La Ley contempla 15 derechos específicos –como trabajo, salud y no maltrato– y se estructura sobre cuatro pilares: el reconocimiento de estos derechos, el cambio de enfoque, la institucionalización a través de SENAMA y el fortalecimiento de derechos históricamente postergados, como la no discriminación por edad, la autonomía y la participación.
El gran desafío: definir su aplicación
Una vez que la promulgación esté lista, el foco se trasladará a definir cómo se aplicará cada uno de los derechos en la práctica, a través de decretos y regulaciones impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Social y con apoyo de SENAMA.
“El trabajo no es difícil, pero sí es laborioso. Implica coordinación, reuniones y participación activa de las personas mayores”, explica Rosa Kornfeld. En ese sentido, subraya un principio clave: “Ninguna ley para las personas mayores es validada si no es consultada con ellas”.
El desafío no es solo técnico, sino también de gestión. “El problema está en los recursos. Hay aspectos que no requieren financiamiento, pero otros sí. Habrá que ver cómo se reorganizan y optimizan”, advierte.
Trabajo y envejecimiento: una oportunidad país
El componente laboral fue uno de los puntos más debatidos, pero también uno de los más relevantes. “Chile es un país envejecido, con una población laboral cada vez más pequeña y una población mayor en crecimiento. Si no capacitamos e integramos a las personas mayores, vamos a tener un problema”, plantea Rosa Kornfeld.
En ese contexto, la Ley abre espacio a modalidades más flexibles. “Las personas mayores necesitan flexibilidad. No todos quieren o pueden trabajar jornada completa. Poder adaptar horarios y condiciones es clave”, sostiene.
Más allá del ingreso económico, el trabajo cumple un rol más amplio. “No es solo una fuente de ingresos, también es un espacio de participación, autonomía y sentido”, agrega.
Un cambio cultural pendiente
Junto con la implementación, la gerontóloga advierte que uno de los principales desafíos será cultural. “Hay mucho edadismo hoy en día, incluso en las propias personas mayores”, afirma.
Por ello, la Ley apunta también a promover una integración activa y combatir la discriminación por edad. “Para evitar el edadismo, tiene que haber una ley que proteja, pero también un cambio cultural y de sensibilización”.
Esto incluye revisar prácticas en distintos ámbitos, desde la atención en servicios públicos hasta políticas en empresas. “Hoy, muchas veces, después de cierta edad los currículums ni siquiera se revisan. Eso es un problema de sensibilidad”, señala.
Mirada de futuro
El envejecimiento de la población no es un fenómeno aislado, y Chile no es la excepción. “Hoy la expectativa de vida es de 81 años. Es un periodo muy largo de vida que no se puede dejar fuera”, enfatiza la experta.
Experiencias internacionales muestran que la integración laboral de personas mayores es posible y positiva. “Hay países que ya lo están haciendo y ha sido muy beneficioso. Es hacia donde deberíamos avanzar”, concluye.
La Ley, entonces, marca un punto de inflexión. Pero su verdadero impacto dependerá de lo que ocurra a partir de ahora: cómo se implementa, cómo se financia y, sobre todo, cómo se incorpora en la cultura y en la vida cotidiana del país.